La investigación de Fiscalía y la PDI indaga una presunta asociación criminal vinculada a delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno y otras figuras. El perjuicio pesquisado hasta ahora bordearía los $3 mil millones y aún existen tres personas con órdenes de detención pendientes.
REGIÓN DEL MAULE – Tras una audiencia que se extendió por cerca de nueve horas, el tribunal decretó la prisión preventiva de siete hombres y tres mujeres formalizados en una investigación por presuntos delitos económicos que involucra a funcionarios públicos, empresarios y una empresa constructora, con actuaciones detectadas en Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, además de la participación de dos funcionarios del Gobierno Regional del Maule.
La causa se remonta a 2024, cuando una de las municipalidades afectadas detectó posibles irregularidades vinculadas a funcionarios públicos. A partir de estos antecedentes, las diligencias permitieron establecer, según el Ministerio Público, la existencia de maniobras similares relacionadas principalmente con defraudaciones al Fisco y cohecho en otras comunas.
El fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, señaló que el procedimiento comenzó a desarrollarse en octubre de 2024 y que la investigación apunta a una presunta asociación criminal dedicada a defraudar al Estado, integrada por personas vinculadas tanto a organismos públicos como al sector privado.
“Se ha pesquisado hasta el momento que la defraudación ascendería a un monto cercano a los 3 mil millones de pesos y por concepto de soborno, y delitos relacionados habría al menos 316 millones de pesos que también se habrían visto involucrados en esta situación”, indicó Peña.
El persecutor agregó que las diligencias han estado encabezadas por el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, en coordinación con la Policía de Investigaciones, tras el análisis de un considerable volumen de documentación y peritajes.
La investigación derivó en la detención de 10 personas, entre ellas funcionarios públicos y representantes del ámbito privado. Tras sus respectivas formalizaciones, Fiscalía solicitó la prisión preventiva para la totalidad de los imputados.
El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, explicó que durante la investigación participaron unidades especializadas del Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, con el objetivo de reunir los antecedentes que posteriormente fueron presentados ante el tribunal.
“Se han utilizado todos los recursos de la Fiscalía y hemos dedicado tiempo de las unidades especializadas del Ministerio Público para trabajar mancomunadamente con la Brigada de Delito Económico y poder recopilar evidencias de calidad, pruebas contundentes”, afirmó.
Caroca agregó que, durante la audiencia, el tribunal dio por establecidos los delitos de cohecho y gran parte de los delitos de fraude al Fisco expuestos para esta etapa procesal, antecedentes que permitieron decretar la prisión preventiva de los diez formalizados.
El operativo que permitió concretar las detenciones movilizó a cerca de 70 detectives y contempló el cumplimiento de 13 órdenes de entrada y registro, además de las respectivas órdenes de detención.
El prefecto inspector Luis Salazar, jefe de la Región Policial del Maule, detalló que entre los detenidos se encuentran tres empresarios, mientras que el resto corresponde a funcionarios públicos vinculados a diferentes organismos de la región.
Según explicó Salazar, las diligencias abarcan diversos ilícitos investigados, entre ellos malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y privados y lavado de activos, además de otros delitos que deberán ser determinados durante el desarrollo de la causa.
El jefe policial señaló además que entre los antecedentes pesquisados existen facturas que habrían sido manipuladas, junto con operaciones de cobro mediante factoring. Durante los procedimientos también fueron incautados dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis por unidades especializadas de la PDI.
La investigación permanece abierta. Según los antecedentes entregados por Fiscalía, aún existen tres personas con órdenes de detención pendientes, mientras las diligencias continúan para determinar la eventual participación de otros involucrados.
El Ministerio Público tampoco descarta que nuevas personas puedan ser incorporadas posteriormente a las formalizaciones, mientras continúa esclareciendo las distintas aristas de una investigación que, hasta ahora, afecta a cuatro municipios de la Región del Maule.
