La iniciativa busca evitar que personas condenadas por violación y abuso sexual continúen accediendo a beneficios de reducción de condena, incluso cuando los delitos hayan sido cometidos antes de la legislación vigente.
VALPARAÍSO, CHILE – El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, junto a parlamentarios de Renovación Nacional, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca restringir los beneficios de reducción de penas y salida anticipada para condenados por delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa surge en medio de la controversia por las 56 rebajas de condena concedidas administrativamente durante 2026 a personas condenadas por delitos sexuales, situación que ha generado cuestionamientos al Ministerio de Justicia y posibles acciones fiscalizadoras en el Congreso.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por Guzmán, 332 personas condenadas por estos delitos habrían recibido beneficios durante los últimos cinco años, de las cuales 276 corresponden al gobierno del expresidente Gabriel Boric y 56 a la administración del presidente José Antonio Kast.
El parlamentario explicó que la Ley N.º 21.421, promulgada en 2022, estableció restricciones para impedir que condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad accedieran a reducciones de pena. Sin embargo, su aplicación ha generado diferencias de interpretación judicial respecto de condenas por hechos anteriores a su entrada en vigencia.
“En Chile, ningún condenado por violación o abuso sexual contra menores de edad debería recibir beneficios que reduzcan su condena”, sostuvo Guzmán, quien cuestionó que personas condenadas antes de 2022 puedan continuar accediendo a estas rebajas.
Frente a este escenario, la reforma propone que los beneficios penitenciarios se evalúen conforme a la legislación vigente al momento de resolver cada solicitud, independientemente de cuándo se haya cometido el delito. Además, contempla su aplicación inmediata a solicitudes pendientes y dejar sin efecto determinados beneficios otorgados administrativamente durante los seis meses anteriores a la publicación de la eventual reforma.
La propuesta no modifica las penas establecidas mediante sentencia judicial, sino que apunta a regular los beneficios posteriores asociados al cumplimiento de las condenas.
La controversia por las reducciones de penas se intensificó luego de que una investigación del medio Interferencia revelara que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 27 decretos de reducción de penas por abuso sexual de menores y otros 29 por violación.
En este contexto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones administrativas señalando que respondían a criterios establecidos por la Corte Suprema. No obstante, las distintas interpretaciones judiciales han abierto un debate sobre la aplicación de estos beneficios.
Por su parte, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó preocupación por los antecedentes conocidos y solicitó explicaciones claras al Ministerio de Justicia respecto de las decisiones adoptadas.
La controversia también se extendió a otros delitos de gravedad. Según antecedentes publicados por El Mostrador, se identificaron decretos de reducción de condenas que beneficiarían a internos del Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco. Entre ellos figuran dos personas condenadas por secuestro calificado y tortura, respectivamente.
Frente a estos antecedentes, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, advirtió al mismo medio sobre las posibles implicancias de estas decisiones, señalando que “sería bastante grave por parte de este Gobierno porque vulneraría las obligaciones internacionales de derechos humanos”, en caso de confirmarse rebajas de penas a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Jorge Guzmán, Ximena Ossandón, Francisco Orrego, Juan Carlos Beltrán, Diego Schalper, Mauro González, Claudia Mora, Eduardo Durán, Carlos Chandía y Daniel Valenzuela.
Finalmente, Guzmán reafirmó la necesidad de avanzar en mayores restricciones para quienes hayan cometido delitos sexuales, señalando que “La infancia se protege con hechos y no con discursos”, y aseguró que impulsarán la iniciativa en consideración a las víctimas.
