La acción presentada por Comercial Jugacri SpA fue declarada admisible y busca determinar eventuales responsabilidades por imágenes difundidas durante un operativo municipal. El Colegio de Periodistas Maule Norte manifestó su preocupación y respaldó a los comunicadores mencionados en el procedimiento.
CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – Una querella criminal relacionada con la transmisión en vivo de un operativo de clausura de locales comerciales en Curicó fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía y remitida a la Fiscalía Local para su investigación. La causa se encuentra registrada bajo el RIT O-6218-2026 y fue interpuesta por Hugo Arnaldo Soto López, en representación de Comercial Jugacri SpA, contra quienes resulten responsables por hechos que la parte querellante considera eventualmente constitutivos de delitos contemplados en el artículo 161-A del Código Penal.
Los hechos se remontan al 16 de septiembre de 2026, cuando funcionarios municipales y Carabineros participaron en la clausura de establecimientos ubicados en avenida Camilo Henríquez y calle Manuel Rodríguez. Parte del procedimiento fue transmitido en vivo mediante la cuenta de Instagram de la Municipalidad de Curicó, incluyendo registros desde el interior de los recintos.
La empresa sostiene en su acción judicial que durante el operativo los establecimientos tenían restricciones de acceso al público y que no habría autorizado la captación y difusión de imágenes desde su interior. La querella plantea que deberá establecerse si existió alguna autorización para realizar el registro y determinar la participación individual de quienes intervinieron en la transmisión.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra citar a declarar a Camila Antonia Olave Ahumada, funcionaria municipal y estudiante de Periodismo, y a Jorge Sebastián Marto Saavedra, funcionario municipal y encargado de comunicaciones. También se pide establecer quién inició, operó, autorizó, publicó o mantuvo disponible la transmisión realizada desde la cuenta institucional.
Frente a la acción judicial, el Consejo Regional Maule Norte del Colegio de Periodistas de Chile difundió un comunicado a través de sus cuentas en redes sociales, donde manifestó su preocupación por el caso y expresó su respaldo a los comunicadores mencionados.
En su declaración pública, el gremio planteó que la cobertura correspondió a un procedimiento desarrollado en el marco de funciones municipales y defendió el derecho a informar sobre hechos de interés público, expresando preocupación por las consecuencias que una acción de estas características podría tener para el ejercicio de labores comunicacionales.
La controversia deberá ser esclarecida durante la investigación, ya que la propia querella señala que no da por establecida anticipadamente la responsabilidad penal de cada interviniente, solicitando determinar quién decidió, operó, transmitió, publicó o mantuvo disponible el registro y bajo qué circunstancias se desarrolló la cobertura.
El tribunal, por su parte, no se ha pronunciado sobre la existencia del delito ni sobre eventuales responsabilidades individuales. La resolución dictada el 13 de octubre de 2026 se limitó a declarar admisible la querella y ordenar su remisión a la Fiscalía Local de Curicó.
UNA DETERMINACIÓN QUE PODRÍA IR MÁS ALLÁ DE ESTE CASO
Más allá de las responsabilidades que puedan o no establecerse durante la investigación, el caso abre una interrogante que podría adquirir relevancia para futuras coberturas periodísticas de procedimientos de clausura, fiscalizaciones u otros operativos desarrollados por organismos públicos.
El caso deja así planteada una discusión que trasciende a sus protagonistas: cómo compatibilizar el derecho a informar sobre hechos de interés público con la protección de la privacidad, especialmente cuando ambos confluyen durante un procedimiento de fiscalización o clausura.
