La imputada habría comercializado parcelas que no cumplían con la normativa vigente, donde dos compradores construyeron viviendas. El tribunal decretó arresto domiciliario total y fijó tres meses de investigación.
SAN JAVIER, REGIÓN DEL MAULE – Una mujer fue formalizada por los delitos de estafa y loteos irregulares, luego de una investigación relacionada con la venta de terrenos rurales en el sector del fundo El Naranjo, en la comuna de San Javier. El caso involucra a dos víctimas que habrían sufrido un perjuicio económico cercano a los 195 millones de pesos.
Los antecedentes se remontan a 2019, cuando la imputada era propietaria exclusiva de un terreno de 5.500 metros cuadrados, desde donde comenzó a ofrecer, mediante redes sociales, parcelas de aproximadamente 1.000 metros cuadrados cada una, pese a que su subdivisión no estaba permitida por la normativa aplicable.
Según la investigación, dos compradores pagaron 15 millones de pesos cada uno por los terrenos, bajo la promesa de que su situación sería regularizada posteriormente. Con esa expectativa, construyeron viviendas avaluadas en 115 y 80 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, la comercialización de estos lotes presentaba irregularidades, debido a que el Decreto Ley N° 3.516 establece, como regla general, una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados para subdivisiones de predios rústicos, salvo las excepciones contempladas en la legislación.
La fiscal subrogante Viviana González informó que la audiencia de formalización se desarrolló el 23 de octubre de 2026 en el Juzgado de Garantía de San Javier, instancia en la que se imputaron los delitos de estafa por un monto superior a 400 UTM y loteos irregulares.
La persecutora explicó que la acusada conocía las restricciones que impedían concretar legalmente las subdivisiones. Pese a ello, se habrían suscrito las respectivas promesas de compraventa, sin que hasta ahora las víctimas hayan recibido reparación económica por los perjuicios denunciados.
Respecto de las medidas cautelares, González señaló que “el tribunal fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario total para la imputada, arraigo nacional para asegurar su comparecencia a las futuras actuaciones del procedimiento y también la firma mensual”.
Asimismo, el tribunal estableció un plazo de investigación de tres meses, periodo durante el cual deberán continuar las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
El caso también pone de relieve las restricciones legales que rigen la subdivisión y comercialización de terrenos rurales, cuya venta en superficies inferiores a 5.000 metros cuadrados solo puede realizarse cuando se cumplen las excepciones expresamente contempladas en la normativa.
