El tribunal acreditó los delitos de violación y abuso sexual, imponiendo una pena de cumplimiento efectivo y restricciones adicionales al condenado.
PARRAL, REGIÓN DEL MAULE. – Una condena de 17 años de presidio efectivo deberá cumplir un hombre de 84 años, luego de que un tribunal acreditara su responsabilidad en delitos de violación y abuso sexual contra una menor de edad, en una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Parral.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el condenado aprovechó su vínculo familiar con la víctima para cometer los abusos sexuales, los que posteriormente derivaron en hechos constitutivos de violación cuando la afectada había cumplido 14 años.
Tras conocerse la denuncia, la Fiscalía dispuso diversas diligencias investigativas y coordinó la intervención de la Unidad Regional de Atención a Víctimas del Ministerio Público, con el propósito de entregar protección y asistencia a la menor y su entorno familiar.
Los antecedentes fueron presentados durante un juicio oral, instancia en la que el tribunal acogió la tesis del organismo persecutor, considerando las declaraciones de la víctima, su madre, funcionarios policiales y otros elementos probatorios incorporados al proceso.
El fiscal Álvaro Muñoz informó que el 6 de noviembre de 2026 se dispuso el ingreso del condenado a un recinto penitenciario para cumplir la sanción impuesta, luego de que se estableciera su participación en los delitos más allá de toda duda razonable.
Asimismo, el persecutor explicó que la resolución judicial contempla el cumplimiento efectivo de la pena, conforme a lo determinado por el tribunal.
Además de los 17 años de cárcel, la sentencia establece la prohibición absoluta de ejercer la guarda de menores de edad y la obligación de permanecer sujeto a vigilancia de Carabineros durante 10 años posteriores al cumplimiento de la condena.
Durante ese período, el sentenciado deberá presentarse cada tres meses ante la institución policial, conforme a las disposiciones establecidas en la resolución judicial.
La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, atendiendo a las disposiciones de protección de niños, niñas y adolescentes.
